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La partecipazione dei cittadini all’azione amministrativa, nell’era dell’amministrazione digitale

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El objeto de este trabajo se relaciona idealmente con el tema de la digitalización de la administración pública, que se puede resumir en la fórmula de eGovernment, es decir del gobierno electrónico, con la que se hace referencia a un conjunto de políticas, normas y prácticas destinadas a digitalizar los aparatos del Estado. A este respecto, parece obligado subrayar que la amplitud del tema exige una restricción del ámbito de investigación: en este sentido, el presente trabajo se dedica exclusivamente a la parte de la administración electrónica que representa la automatización de los procedimientos administrativos mediante la digitalización de los mismos . La elección de este campo de investigación está determinada por la difusión de aplicaciones informáticas en la acción de las administraciones públicas. Se trata de una tendencia que se afirma bajo el impulso político-normativo interno y supranacional, basado en el supuesto de que la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) pueda simplificar, racionalizar y hacer más eficaz la actuación de los organismos públicos en su relación con la colectividad. En efecto, en los últimos años se ha asistido a un crecimiento exponencial de soluciones electrónicas, aumento debido también al desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Estos últimos son programas informáticos particularmente complejos, que reproduciendo capacidades humanas permiten digitalizar todo el arco procedimental de la actividad administrativa, englobando la decisión final. Por el momento, al menos en Italia, se trata de aplicaciones esporádicas. Sin embargo, esta exigüidad no exime al jurista de verificar la compatibilidad de tales procedimientos automatizados digitalmente con el marco normativo vigente. En este sentido, el trabajo tiene por objeto la “medida administrativa automatizada”: es decir, el procedimiento de formación de la decisión administrativa confiado a un software, en el cual se introducen una serie de datos, para llegar a la decisión final mediante la automatización del procedimiento. Más concretamente, la principal cuestión que subyace a esta investigación es la compatibilidad del procedimiento automatizado con las normas y principios que garantizan la participación del individuo en la actividad administrativa procedimental. Como ha puesto de manifiesto recientemente la jurisprudencia, «la utilización de procedimientos “robotizados” no puede ser motivo para eludir los principios que conforman nuestro ordenamiento y que regulan el desarrollo de la actividad administrativa» . Hay que tener en cuenta que en la legislación italiana - tal como la interpretan los jueces y la doctrina - el concepto de participación administrativa de los ciudadanos tiene un significado más amplio que en el contexto español. Más concretamente, con el concepto de garantías de participación administrativa se define en el contexto italiano el conjunto de derechos que el particular tiene ante el procedimiento administrativo, es decir, el derecho de acceso a los actos, el derecho a la notificación de inicio del procedimiento, la posibilidad de presentar escritos y documentos, etc. (más detalladamente en el capítulo 3). Para intentar resolver esta cuestión, el trabajo se basa en la necesaria reconstrucción del marco de referencia, normativo y jurisprudencial.