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La Convención de Palermo (UNTOC) y la responsabilidad derivada de delitos de las personas jurídicas: itinerarios e intersecciones del ordenamiento italiano

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Both the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UNTOC: signed in December 2000 in Palermo) and the Delegation Law no. 300/2000, with its corresponding Legislative Decree no. 231/2001, which jointly introduced in Italy the liability arising from crime for collective entities, mark two "paradigm shifts" for the criminal system. The contribution focuses on the overall value of the two legislative innovations examined in the evolution of criminal law, respectively at the international level and in the Italian context. The interest in analysing their respective contributions is further stimulated by the observation that the two areas, although autonomous, present a significant intersection, where the UNTOC Convention requires the introduction of the liability of legal persons for the offences foreseen therein. Starting with a review of the meaning and trajectory of the Convention, the following is a reminder of its express reference to the liability of legal persons for the offences foreseen in it, to then verify the terms in which the Convention's provision on the matter has been implemented in Italian law, becoming part of the general discipline on the liability of entities introduced here and almost contemporaneous with the aforementioned international text. In particular, the text stresses, with regard to criminal companies-organisations or, at least, those that are merely a screen for illicit activities, the substantially alien nature of the co-operative logic linked to the adoption of organisational and management models. Furthermore, the importance of the necessary coordination with the other forms of response of the Italian legal system to the phenomenon of infiltrations in the economy of criminal organisations, especially with regard to the "parallel universe" of anti-mafia preventive measures. Tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC: firmada en diciembre de 2000 en Palermo), como la ley de delegación núm. 300/2000, con su correspondiente Decreto Legislativo núm. 231/2001, que introdujeron conjuntamente en Italia la responsabilidad derivada de delito para las entidades colectivas, marcan dos «cambios de paradigma» para el sistema penal. La contribución se centra en el valor global de las dos innovaciones legislativas examinadas en la evolución del derecho penal, respectivamente, en el plano internacional y en el contexto italiano. El interés en analizar sus respectivas aportaciones se ve aún más estimulado por la observación de que ambos ámbitos, aunque autónomos, presentan una intersección significativa, allí donde la Convención UNTOC exige la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos en ella previstos. Partiendo de una revisión del significado y de la trayectoria de la Convención, a continuación se recuerda su referencia expresa a la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos en ella previstos, para luego verificar los términos en que la previsión de la Convención en la materia se ha concretado en el ordenamiento italiano, integrándose en la disciplina general sobre la responsabilidad de las entidades aquí introducida y casi contemporánea del citado texto internacional. En especial, el texto destaca, con relación a las empresas-organizaciones delictivas o, al menos, a aquellas que son una mera pantalla para actividades ilícitas, el carácter sustancialmente ajeno de la lógica cooperativa vinculada a la adopción de los modelos organizativos y de gestión. Además, la importancia de la necesaria coordinación con las otras formas de respuesta del ordenamiento italiano al fenómeno de las infiltraciones en la economía de las organizaciones delictivas, especialmente con respecto al «universo paralelo» de las medidas preventivas patrimoniales antimafia.